Abril de 2009
Año V, Número 40

Manifiesto de Juárez a la Nación, en el que explica el programa de su gobierno*
(Veracruz, 7 de julio de 1859)

La nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque del resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, depende todo su porvenir. En momento tan supremo, el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación, y hacer escuchar en ella la voz de sus más caros derechos e intereses, no sólo porque así se manifestará más y más la opinión pública en el sentido conveniente, sino porque así también apreciarán mejor los pueblos la causa de los grandes sacrificios que están haciendo al combatir con sus opresores, y porque así, en fin, se logrará que en todas las naciones civilizadas del mundo se vea claramente cuál es el verdadero objeto de esta lucha que tan hondamente conmueve a la República.

Al cumplir hoy este deber, nada tiene que decir el gobierno respecto de sus pensamientos sobre la organización política del país, porque siendo él mismo una emanación de la Constitución de 1857, y considerándose, además, como el representante legítimo de los principios liberales consignados en ella, debe comprenderse naturalmente que sus aspiraciones se dirigen a que los ciudadanos todos, sin distinción de clases y condiciones, disfruten de cuantos derechos y garantías sean compatibles con el orden de la sociedad; a que hoy unos y otras se hagan siempre efectivos por la buena administración de justicia; a que las autoridades todas cumplan fielmente sus deberes y atribuciones, sin excederse nunca del círculo marcado por las leyes, y, finalmente, a que los estados de la federación usen de las facultades que les corresponden, para administrar libremente sus intereses, así como para promover todo lo conducente a su prosperidad, en cuanto no se oponga a los derechos e intereses generales de la República.

Mas comoquiera que esos principios, a pesar de haber sido consignados ya, con más o menos extensión, en los diversos códigos políticos que ha tenido el país desde su independencia, y últimamente en la Constitución de 1857, no han podido ni podrán arraigarse en la nación, mientras que en su modo de ser social administrativo se conserven los diversos elementos de despotismo, de hipocresía, de inmoralidad y de desorden que los contrarían, el gobierno cree que sin apartarse esencialmente de los principios constitutivos, está en el deber de ocuparse muy seriamente en hacer desaparecer esos elementos, bien convencido ya por la dilatada experiencia de todo lo ocurrido hasta aquí, de que entretanto que ellos subsistan, no hay orden ni libertad posibles.

Para hacer, pues, efectivos el uno y la otra, dando unidad al pensamiento de la reforma social, por medio de disposiciones que produzcan el triunfo sólido y completo de los buenos principios, he aquí las medidas que el gobierno se propone realizar.

En primer lugar, para poner un término definitivo a esa guerra sangrienta y fratricida que una parte del clero está fomentando hace tanto tiempo en la nación, por sólo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido en sus manos, y del ejercicio de su sagrado ministerio, y desarmar de una vez a esta clase de los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio, cree indispensable:

1.  Adoptar, como regla general e invariable, la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos.

2.  Suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo masculino, sin excepción alguna, secularizándose los sacerdotes que actualmente hay en ellas.

3.  Extinguir igualmente las cofradías, archicofradías, hermandades, y en general todas las corporaciones o congregaciones que existen de esta naturaleza.

4.  Cerrar los noviciados en los conventos de monjas, conservándose las que actualmente existen en ellos, con los capitales o dotes que cada una haya introducido, y con la asignación de lo necesario para el servicio del culto en sus respectivos templos.

5.  Declarar que han sido y son propiedades de la nación todos los bienes que hoy administra el clero secular y regular con diversos títulos, así como el excedente que tengan los conventos de monjas, deduciendo el monto de sus dotes, y enajenar dichos bienes, admitiendo en pago de una parte de su valor títulos de la deuda pública y de capitalización de empleos.

6.  Declarar, por último, que la remuneración que dan los fieles a los sacerdotes, así por la administración de los sacramentos, como por todos los demás servicios eclesiásticos, y cuyo producto anual, bien distribuido, basta para atender ampliamente el sostenimiento del culto y de sus ministros, es objeto de convenios libres entre unos y otros, sin que para nada intervenga en ellos la autoridad civil.

Además de estas medidas, que, en concepto del gobierno, son las únicas que pueden dar por resultado la sumisión del clero a la potestad civil, en sus negocios temporales, dejándolo, sin embargo, con todos los medios necesarios para que pueda consagrarse exclusivamente, como es debido, al ejercicio de su sagrado ministerio, cree también indispensable proteger en la República con toda su autoridad, la libertad religiosa, por ser ésta necesaria para su prosperidad y engrandecimiento, a la vez que una exigencia de la civilización actual.

En el ramo de justicia, el gobierno comprende que una de las más urgentes necesidades de la República, es la formación de códigos claros y sencillos sobre negocios civiles y criminales y sobre procedimientos, porque sólo de esta manera se podrá sacar a nuestra Legislación del embrollado laberinto en que actualmente se encuentra, uniformándola en toda la nación, expeditando la acción de los criminales y poniendo el conocimiento de las leyes al alcance de todo el mundo; y comoquiera que para la ejecución de este importante trabajo, bastará que se dediquen a él con empeño los jurisconsultos a quienes se les encomienda, el gobierno se propone hacer un esfuerzo para que no quede aplazada por más tiempo esta mejora, a fin de que la sociedad comience a disfrutar de los numerosos beneficios que ella ha de producirle […].

En las relaciones del gobierno general con los particulares de los estados, la actual administración, lejos de contrariar los intereses y las justas exigencias de éstos, está, por el contrario, resuelta a apoyarlos en cuanto esté en sus facultades, auxiliándolos, además, en todo aquello que de alguna manera conduzca a mejorar su situación, a fin de estrechar así los vínculos de unión que deben existir entre las localidades y el centro de la República. Una de las primeras necesidades de ésta, es hoy la de atender a la seguridad en los caminos y poblaciones, para extinguir los malhechores que se encuentran en unos y otras, no sólo por los inmensos males que la subsistencia de esa plaga causa interiormente a la nación, paralizando el movimiento de su población y riqueza, y manteniendo en constante alarma y peligro la vida y los intereses de sus habitantes, sino porque ella desconceptúa al país cada día más y más en el exterior, e impide que vengan a radicarse en él, multitud de capitales y de personas laboriosas que, por esa causa, van a establecerse en otros puntos. Por tales razones, el gobierno está firmemente resuelto a trabajar sin descanso en remediar este grave mal, por todos los medios que estén a su alcance.

En cuanto al odioso sistema de exigir pasaportes a los viajeros o caminantes, inútil es decir que quedará abolido, cuando lo está ya por la Constitución; y mal podría el gobierno actual pensar en restablecerlo, cuando sus ideas se encaminan precisamente a destruir todos los obstáculos que se oponen al libre tránsito de las personas e intereses en el territorio nacional.

La emisión de las ideas por la prensa debe ser libre, como es libre en el hombre la facultad de pensar, y el gobierno no cree que deban imponérsele otras trabas que aquellas que tiendan a impedir únicamente la publicación de escritos inmorales, sediciosos o subversivos, y de los que contengan calumnias o ataques a la vida privada.

El Registro Civil es, sin duda, una de las medidas que con urgencia reclama nuestra sociedad, para quitar al clero esa forzosa y exclusiva intervención que hasta ahora ejerce en los principales actos de la vida de los ciudadanos, y, por lo mismo, el gobierno tiene la resolución de que se adopte esa reforma, conquistando definitivamente el gran principio que tal medida debe llevar por objeto, esto es, estableciendo que una vez celebrados esos actos ante la autoridad civil, surtan ya todos sus efectos legales.

Respecto de las relaciones de la República con las naciones amigas, el gobierno se propuso cultivarlas siempre con el mayor esmero, evitando, por su parte, todo motivo de desavenencia: para esto cree bastante observar fielmente los tratados celebrados con ellas y los principios generales del derecho de gentes e internacional, y abandonar, sobre todo, para siempre, como lo ha hecho hasta aquí, ese sistema de evasivas y moratorias que, con grave daño de la nación, se ha seguido frecuentemente en el despacho de los negocios de este ramo, atendiendo, por el contrario, con el mayor empeño, toda reclamación en el acto que se presente, y resolviéndola sin demora, en vista de las circunstancias del caso, según los principios de recta justicia y de mutua conveniencia, que forman la base sólida de las relaciones de amistad entre los pueblos civilizados del mundo.

También cree el gobierno que será muy conveniente fijar con claridad por una disposición general, y conforme con las reglas y prácticas establecidas en otros países, la intervención que hayan de tener los cónsules y vicecónsules extranjeros en la República, tanto en los negocios de sus respectivos nacionales, como en sus relaciones con las autoridades, a fin de evitar, así, la repetición de las cuestiones que más de una vez se han suscitado ya sobre este punto [...].

Acerca de la hacienda nacional, la opinión del gobierno es que deben hacerse reformas muy radicales, no sólo para establecer un sistema de impuestos que no contraríe el desarrollo de la riqueza y que destruya los graves errores que nos dejó el régimen colonial, sino para poner un término definitivo a la bancarrota que en ella han introducido los desaciertos cometidos después en todos los ramos de la administración pública, y sobre todo, para crear grandes intereses que se identifiquen con la reforma social, coadyuvando eficazmente a la marcha liberal y progresista de la nación […].

* Extracto del “Manifiesto de Juárez a la Nación, en el que explica el programa de su gobierno (Veracruz, 7 de julio de 1859)”, en Antología de textos. La Reforma y el Segundo Imperio (1853-1867), introducción y selección de textos de Silvestre Villegas Revueltas, México, UNAM, 2008 (Biblioteca del Estudiante Universitario), pp. 127-137.