Diciembre de 2008 - Enero de 2009
Año V, Número 37

¿Cómplices del luto?

Violencia de género y feminicidio en México

Desde pequeños nos enseñan los códigos de conducta idóneos en nuestra sociedad. Nos hablan del bien y del mal, del fuerte y del débil, de lo legal e ilegal, de moral y de buenas costumbres. Es común que a los niños se les inculque que, por cuestiones de género, son responsables de la seguridad y el bienestar de las niñas; mientras que a las niñas se les enseña que por su condición física y emocional, deben someterse y salvaguardarse en el varón. Así, la promoción del respeto y la equidad se infunde a través de conceptos básicos e intuitivos, pocas veces razonados.

Cuando estas pautas de comportamiento se desarrollan en un ambiente violento -donde el niño observa vejaciones, golpes y rechazos-, se confrontan los conceptos y, muchas veces, se tergiversan las directrices. El niño crece inmerso en un ambiente de agresión y probablemente desarrollará el mismo patrón. Si es varón, pensará que la fuerza le fue otorgada para disciplinar, para controlar, y si es mujer, se someterá y se responsabilizará de lo que le toque vivir.

Es difícil pensar que alguno alzará la voz y denunciará lo que le esté sucediendo. ¿Por qué? Es simple: porque no posee elementos que le ayuden a rechazar lo que le acontece. Los sistemas educativos y familiar, los medios de comunicación y las autoridades gubernamentales, e incluso las religiosas, más que permear en su conciencia para prevenirlo y protegerlo, se limitan a denunciar y repudiar, cuando se presenta el caso, cualquier actitud o acontecimiento violento.

Consignas como "a las niñas no se les pega porque son más frágiles", "los niños no lloran", "no te lleves así con los niños porque son más fuertes" o "aguántate, pareces niña", dan muestra de la idiosincrasia que prevalece en la formación de un individuo en nuestro país -y en buena parte del mundo. Son contados los casos en los que al menor se le inculcan conceptos como la igualdad y la tolerancia, o se le faculta para denunciar cualquier acto violento que presencie o padezca.

En numerosas ocasiones, sentimientos como la culpa, la vergüenza o el miedo propician que una agresión no sea denunciada. Aunado a estos factores, la ingesta de alcohol y de drogas, la desintegración familiar, la pobreza, el desempleo, los antecedentes de violencia intrafamiliar y la escasa difusión de información sobre los derechos humanos, agravan e incrementan la incidencia de estos casos. De igual forma, la impunidad y la ineficiencia de las autoridades e instituciones gubernamentales y la carencia legislativa en esta temática, agrandan el problema.

Ya se trate de violencia verbal, física o sexual -sea intrafamiliar o externa-, cuando se presenta en sectores vulnerables, como es el caso de los niños, las mujeres, los adultos mayores, los discapacitados o los indígenas, inevitablemente se agudiza y deja en el individuo severas secuelas -cuando se sobrevive a ella- físicas y psicológicas, la mayoría de las cuales son permanentes e ineludibles.

Cualquier tipo de agresión, por el solo hecho de presentarse, debe repudiarse y castigarse, más tratándose de estos sectores. Pero a la par, deben modificarse los patrones de conducta hasta ahora establecidos. Es necesario sustituir las prácticas y frases discriminatorias por otras que promuevan una convivencia equitativa y afable, en la que el diálogo y el consenso sean el principal recurso empleado en la solución de un conflicto y en la interacción con otros individuos.

De no ser así, los niños crecerán saturados de preceptos errados, que influirán de manera negativa en su relación con otros seres humanos. Su persona se verá desprovista de instrumentos conciliadores o de autocontrol. Es probable que desde la escuela muestren indicios de esta tendencia -agresión constante a sus compañeros y profesores-, la cual refrendarán en casa. Posteriormente, cuando el momento de establecer una relación sentimental se presente, los patrones aprendidos en casa -o en la infancia- determinarán en gran medida su comportamiento.

Aunque los modelos no siempre se repiten, generalmente sucede así. Si el desarrollo de un niño se dio en un ambiente de respeto y equidad, seguramente se regirá por tales valores; pero si transcurrió en un contexto de violencia, procederá de la misma manera, sin importar el género del que se trate. Como sucede en todo, no sólo el individuo cambiará; también lo harán todos los cánones sociales y legales que lo rodean.

En el caso de la violencia hacia las mujeres, sus causas y secuelas suelen ser mayores porque, por lo general, sucede en casa y el resto de los miembros de la familia la presencian y se ven involucrados. Aunque se sabe que este fenómeno obedece a factores de tipo sociocultural, psicológico e incluso biológico, existen manifestaciones que no se han estipulado y combatido del todo, por lo que su disminución o supresión, en cualquiera de sus expresiones, no se han logrado.

Ante el elevado número de mujeres agredidas y asesinadas por esta causa, miles de voces se han alzado -sobre todo en las últimas décadas- en todo el mundo para repudiarla. Instituciones gubernamentales, educativas, religiosas y políticas, así como diversas instituciones no gubernamentales, han abogado por su erradicación y han emitido leyes, decretos, tratados, canciones, recomendaciones, imágenes, volantes, etcétera, advirtiendo sus efectos y repercusiones.

Asimismo, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Nacio-nes Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961)".

Aunque las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres derivan en gran medida del contexto en el que se desarrollan, es innegable que sigue siendo una dolorosa realidad mundial. "Se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz".

En el caso específico de México, la situación es alarmante debido a que los índices de este tipo de violencia van en ascenso. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), "a escala nacional, 50% de las mujeres, es decir, una de cada dos, ha sido o es víctima de agresiones física, psicológica, sexual o de otro tipo, y 30% de estos casos se da desde el noviazgo". Para Rocío García Gaytán, presidenta de Inmujeres, las leyes que rigen nuestro país son el principal obstáculo para el abatimiento de la violencia hacia las mujeres; "algunas entidades aún no han ratificado la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como los estados de México, Guanajuato, Querétaro y Tabasco, entre otros".

Sumada a este problema, la incidencia de numerosos y brutales asesinatos en el interior de la República ha propiciado que el panorama se agrave y que la vulnerabilidad de las mujeres vaya en ascenso ya que, sin importar la edad o el estrato socioeconómico del que provengan, se ven continuamente expuestas y amenazadas. Es ante esa situación, y ante la necesidad de diferenciarla del resto de los asesinatos perpetrados contra este sector, que se acoge el término "feminicidio".

Entendido como el asesinato de mujeres por el solo hecho de serlo y cometido por hombres, el feminicidio es "una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres; sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada" (CIMAC).

El término fue acuñado en 1992, en el libro Femicide. The politics of woman killing, por las antropólogas Diane Russell y Jill Radford, y fue traducido al español por la antropóloga Marcela Lagarde. "Femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres. Por eso para diferenciarlo se eligió la voz feminicidio y denominar así al conjunto de hechos de lesa humanidad que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres" (Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada).

Tipificados como íntimos, sexuales sistémicos o por ocupaciones estigmatizadas, "no todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres" (Comisión Especial).

Para que este fenómeno se dé, es necesario que concurran de manera criminal, "el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Se conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, y por ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera condiciones de convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar" (Comisión Especial).

Por más de una década -la última-, Guatemala y México han ostentado los mayores índices de feminicidios en Latinoamérica. En el primer país, a mediados del presente año más de 459 mujeres habían muerto de manera violenta; mientras que en 2007, 597 fueron asesinadas, y en 2006, la cifra fue de 612.

En México la situación no difiere mucho. Desde 1993, más de 430 mujeres han sido asesinadas y otras más se encuentran desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua. Para noviembre del presente año, 206 feminicidios habían ocurrido en esa región, según cifras de la Procuraduría General del estado.

En la mayoría de los casos, se trata de mujeres de origen humilde, jóvenes, sin poder. "Suelen ser trabajadoras de las industrias maquiladoras que dominan la economía de Ciudad Juárez; camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes. Muchas viven en circunstancias precarias, a veces con hijos que mantener".

El rapto, el cautiverio, la violencia física y sexual, la mutilación, el asesinato y el abandono en lotes baldíos, es el patrón que caracteriza este tipo de asesinatos. "En algunos casos, sus restos son hallados por transeúntes al cabo de unos días o años después. En otras ocasiones las mujeres nunca son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino o paradero".

Pero esta situación no es exclusiva de Ciudad Juárez; en varios estados de la República, el número de asesinatos de mujeres es muy elevado. Aunque no todos pueden calificarse de feminicidios, éstos continúan sin que las autoridades federales y estatales tomen las medidas necesarias para contrarrestarlos.

Si bien no se cuenta con cifras oficiales que informen del número total de asesinatos de mujeres en el país, existen organismos defensores de los derechos humanos que brindan datos sobre el tema. Así, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de enero de 2007 a julio de 2008 se han registrado 1,014 homicidios en trece entidades federativas: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán. De éstas, el Estado de México, Chihuahua y el Distrito Federal tienen el mayor número de asesinatos.

De igual forma, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública reportaron que "el Estado de Mé-xico registra la mayor incidencia de homicidios de mujeres, con una tasa de 7.47 asesinatos, y le siguen Oaxaca, con una tasa de 5.88; Guerrero, con 5.58; Morelos, con 3.88; Michoacán, con 3.60; Chihuahua, con 3.57; y Chiapas, con 3.42. Es decir que 7 de los 32 estados del país concentran las mayores tasas de asesinatos de mujeres" (Contralínea, Michoacán, enero de 2008).

Pero más allá de las cifras o causales, la situación de violencia hacia las mujeres que prevalece en el país, y que tan aceleradamente se ha expandido y agudizado, demanda medidas que la combatan y erradiquen. Es necesario que se instrumenten campañas masivas de prevención y políticas "que influyan modelos de conducta no agresivos para que desde niños se aprenda a resolver los conflictos por medios no violentos".