Noviembre de 2008
Año IV, Número 36

Tendencia juvenil

LOS JÓVENES Y LAS LEYES

Las leyes son el principal mecanismo para hacer valer los derechos de los ciudadanos; pero ¿cómo afectan las leyes a los jóvenes?, ¿en qué medida las utilizan?

Los jóvenes constituyen un grupo especialmente vulnerable; son potenciales víctimas de discriminación, delitos y delincuencia. Sin embargo, rara vez acuden a las autoridades por ayuda: prefieren arreglar sus conflictos en forma extrajudicial.

Una de las razones es que tienden a sentirse discriminados como ciudadanos y que no se fomenta su participación; no existen referencias explícitas a la juventud en la legislación nacional. Antes de la mayoría de edad, no son ciudadanos en sentido estricto; después, no existe distinción entre ellos y los mayores. Difícilmente se les considera sujetos de derecho.

Dos factores los limitan en la defensa de sus derechos y en el acceso a la justicia. En primer lugar, la falta de información acerca de sus prerrogativas y de las leyes que las contienen, y en segundo, una gran desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir la justicia y proteger los derechos.

Según la Encuesta Nacional de Juventud 2005 (ENJ, 2005), la institución pública peor calificada por los menores de treinta años fue la policía. Además, 40.4% de los jóvenes cree tener derecho a hacerse justicia por su propia mano y considera una pérdida de tiempo presentar una denuncia; la mayoría de quienes la han presentado manifestó que la atención brindada fue ineficaz.

La probabilidad de ser víctima de algún delito es mayor entre los 20 y 29 años de edad; esta circunstancia se ve agudizada por factores como la violencia. Así, por ejemplo, en uno de cada diez hogares mexicanos existe violencia intrafamiliar, y las víctimas más comunes son los hijos. Según datos de la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar (INEGI, 1999) sólo 14 de cada 100 hogares solicitan ayuda a las autoridades.

Las mujeres jóvenes son las principales víctimas de la violencia contra la pareja. Según el INEGI, en el 2003, 46 de cada 100 mujeres de entre 15 y 29 años de edad declararon haber sido víctimas de al menos un acto de violencia. En 2005, la misma institución informó que 41 de cada 100 presuntos delincuentes del fuero federal y 49 del fuero común tenían entre 15 y 29 años. La incidencia delictiva está directamente relacionada con las condiciones socioeconómicas; por ejemplo, cerca del 50% de los jóvenes en conflicto con la ley concluyó únicamente la educación primaria.

Por otra parte, un gran porcentaje de mexicanos de entre 12 y 29 años de edad piensa que algunos de sus derechos no están siendo respetados: 20% de los hombres y 17% de las mujeres consideran que no se respeta su derecho a la salud; 20% y 18%, respectivamente, su derecho a disfrutar de la cultura; 29 y 27%, a expresar su opinión; 29 y 28%, a un medio ambiente sano; 27.5 y 26%, a un juicio justo; 24.8 y 25%, a una vivienda digna; 21.5 y 20%, a la educación; 33 y 31%, a no ser víctimas de violencia; 23 y 22%, a una alimentación adecuada, y 21 y 20%, a vivir con dignidad. 29% de los hombres y 23% de las mujeres de entre 15 y 19 años piensan que no se respeta su derecho a un juicio justo, al igual que 30 y 34%, respectivamente, de entre 20 y 24 años de edad, y 25% de aquellos entre 25 y 29 años.

De acuerdo con la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (CONAPRED, 2005), 38.3% de la población estima que sus derechos no han sido respetados al menos una vez en su vida. Las principales causas de discriminación son la falta de dinero, la apariencia física, el sexo, la forma de vestir y la edad. Alrededor del 10% de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad piensan que son discriminados por su edad.

Es en respuesta a la situación actual, que se creó el Programa Nacional de Juventud 2008-2012, para "garantizar el ejercicio, apropiación y exigibilidad de los derechos por parte de las y los jóvenes, mediante su acceso equitativo al sistema de procuración e impartición de justicia". Entre otras medidas, el programa propone la difusión de los derechos de los jóvenes y la "coordinación interinstitucional entre el Instituto Mexicano de la Juventud y los distintos órdenes de gobierno encargados de la justicia", para prevenir el delito, la discriminación, las prácticas incriminatorias y los factores de riesgo.

Además, en abril de este año se organizó el cuarto Foro de la Frontera Norte en Pro de Una Cultura de la Legalidad, el cual contó con la participación de más de cuatrocientos estudiantes de universidades e institutos tecnológicos de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. El objetivo de este evento era compartir conocimientos y experiencias para fortalecer la cultura de la legalidad en el país, para que los jóvenes adquieran el compromiso del respeto a las leyes a partir de una reflexión crítica de las ventajas de vivir en un estado de derecho.