Abril de 2008
Año IV, Número 30

El feminicidio se refiere a ese conjunto de brutales asesinatos de mujeres, donde los cuerpos se utilizan para dejar mensajes y que suelen quedar impunes
Lucía Melgar Palacios

Existen diversas definiciones de feminicidio. La más común, empleada sobre todo en la prensa, se refiere al asesinato de mujeres. El término proviene del idioma inglés, de la palabra femicide, empleada por Jill Radford y Diana Russell en el libro Femicide: the politics of women killing. En esa obra, las autoras clasifican el término por el tipo de asesinato, ya sea feminicidio íntimo, social o por animadversión", señaló Lucía Melgar Palacios, coordinadora de Investigación y Proyectos Académicos del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG).

"En cuanto a la traducción al español -continuó Melgar Palacios-, la doctora Marcela Lagarde, quien es etnóloga, antropóloga e investigadora del CEIICH, lo tradujo como 'feminicidio', y junto con Julia Monárrez -investigadora del Colegio de la Frontera Norte (COLEF)- le asignó una acepción política más clara, para que no quedara como simple traducción de homicidio de mujer. Lo que plantean con esta traducción, es que se trata del asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres".

"Cuando se habla de feminicidio, supuestamente se hace una diferenciación que implica que se asesinan mujeres por ser mujeres; el problema es que la expresión se ha empleado muy arbitrariamente. Por ejemplo, la doctora Lagarde habla de feminicidio -me refiero a ella porque es una de las principales teóricas del tema- en términos muy amplios, de cultura feminicida. Se puede hablar más bien, creo, de todo un contexto de misoginia que favorece el feminicidio".

"Hay otros autores que lo acotan, lo que considero más útil porque de otra forma la prensa lo emplea como equivalente de homicidio de mujeres y habla de feminicidios como si cada asesinato fuera uno. No lo emplea en el mismo sentido que el de genocidio, lo que tendría una utilidad mayor en términos legales. Se debería hablar entonces de 'un conjunto de asesinatos de mujeres, perpetrados por el solo hecho de ser mujeres y que quedan impunes'; ésa es la definición que yo daría -semejante a la que usa Sergio González Rodríguez para referirse al caso de Ciudad Juárez".

"El feminicidio se refiere a ese conjunto de brutales asesinatos de mujeres, donde los cuerpos se utilizan para dejar mensajes -como plantea por ejemplo Rita Laura Segato- y que suelen quedar impunes. Es importante tratar de cambiar -no corregir, porque es muy difícil- la manera en la que la prensa emplea el término, para hacer una distinción entre lo que sería un asesinato por el hecho de ser mujer o por violencia de género".

¿Qué factores están relacionados con esta problemática?

-Existen diferentes tipos de violencia hacia la mujer. De forma más general, podemos hablar, primero, de la violencia de género, en la cual inciden desde luego factores sociales y culturales. Lamentablemente, nuestra sociedad tiende con fuerza a la misoginia. A pesar de toda la lucha del feminismo o de los avances de las mujeres, estamos frente a una sociedad no sólo machista en el sentido de que los hombres pueden imponer su voluntad, sino en términos de que hay un desprecio hacia la mujer. A medida que las mujeres han avanzado -sobre todo a partir de los ochenta y noventa-, los hombres han sentido que sus roles y su poder son cuestionados, hay un fuerte temor al avance de las mujeres. Esta tendencia misógina favorece la violencia hacia la mujer.

Hay un ambiente de misoginia, de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. No es un escándalo que se insulte a una mujer, que se le grite o que el marido le pegue. Incluso, golpear a los niños no está mal visto, cosa que en otros países es más cuestionada.

Un problema que podría resolverse con más rapidez que lo social o cultural, es el aspecto legal. Jurídicamente es difícil que se aplique la ley para defender a las mujeres. Tal como están las leyes en el derecho civil y penal, es complicado que prospere una denuncia de acoso sexual. El que el sistema legal no sea eficiente o que no haya medidas de mediación dificulta más la situación. Es importante que no todo se penalice, sino que existan vías de mediación para resolver ese tipo de problemas.

La violencia puede afectar a las mujeres sin importar el nivel socioeconómico al que pertenezcan. En México, el 42% de las mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Las profesionistas de clase media a media alta han sido víctimas de violencia por parte de su pareja. Es un mito que la pobreza esté asociada a la violencia, aunque en tiempos de crisis económica existe mayor propensión a la ansiedad, a la agresividad y a la violencia.

En las agresiones más fuertes hacia las mujeres -como el asesinato dentro de la pareja o el feminicidio- se perciben algunos factores psicológicos, pero además existe cierta tolerancia hacia la violencia en las relaciones familiares y de pareja. Muchas mujeres no tienen suficiente conciencia de esta situación y permiten insultos o golpes desde la primera vez que se presentan, lo cual es un grave antecedente para el agresor: puede golpear.

En teoría, el Estado tiene la obligación de castigar los casos, ya sea de violencia familiar, extrafamiliar o de grupos organizados. El mayor problema relacionado con esto es el de la impunidad. En México la violencia no se castiga; el caso de Ciudad Juárez es el peor ejemplo en términos de temporalidad. La existencia de un sitio donde hay catorce o quince años de impunidad equivale a tener una fuente de putrefacción para el resto del país. La impunidad es un problema muy serio que debemos enfrentar para reducir la violencia hacia las mujeres.

¿Cuáles son los estados de la República que registran mayores índices de feminicidios?

-Las cifras no están desglosadas. Guerrero es uno de los estados en que se registra un número importante de asesinatos de mujeres. En el Distrito Federal es menor que en Guerrero, pero es significativo. Tan sólo el año pasado, más de cien mujeres fueron asesinadas. El Estado de México es otro lugar preocupante. En Chimalhuacán, por ejemplo, se ha suscitado una serie de secuestros y asesinatos de mujeres, los cuales no se han resuelto cabalmente. Hay algunas zonas de Sonora, Chihuahua y Morelos que también presentan altos índices de asesinatos de mujeres. En realidad, da la impresión de que van variando.
Lo importante es saber qué está propiciando el incremento de asesinatos de mujeres en un lugar o en otro; si tiene que ver con mafias, con violencia intrafamiliar, con ajustes de cuentas, narcotráfico o con trata de personas, y no mezclar todo como si fuera lo mismo.

¿Jurídicamente, cómo se configura el feminicidio?

-Aunque se ha intentado tipificar en términos jurídicos, no se ha logrado del todo. Dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya se define la violencia feminicida. En la versión que se aprobó, la definición es sumamente amplia; la violencia feminicida es la que afecta a las mujeres y puede terminar en homicidio. Pero habla de violencia en términos muy generales.
En la ley que aprobó el D.F. el pasado 29 de enero -Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia-, se define de manera más clara el feminicidio porque se habla de actos por omisiones, de casos de violencia extrema en contra de mujeres por el hecho de ser mujeres, lo cual puede culminar en asesinato. Sería óptimo que existiera una buena tipificación de feminicidio, en la que se pudiera determinar un castigo de manera más clara. Ahora, es sumamente útil que haya una definición -aunque sea muy amplia- del término. Lo interesante será ver cómo se aterriza en el reglamento y luego en las leyes. Se debería tipificar el feminicidio en un sentido más específico, incluyendo la cuestión de la posvictimización para deslindarlo de otro tipo de asesinatos. De esa forma se subrayaría la importancia de que el Estado castigue, que se le haga responsable de la impunidad si no lo hace.

Se sabe que se trata de un fenómeno que no sólo ocurre en México; ¿qué otros países lo padecen?

-Un país que lo padece de forma muy atroz es Guatemala, donde la cantidad de asesinatos de mujeres es impresionante; si mal no recuerdo, se han registrado más de 2,000 en los últimos tres años. Lo interesante en ese país es que las denuncias han sido inmediatas; existen organizaciones de mujeres, de madres y de familiares que han demandado justicia, pero por desgracia todavía no están resueltos todos los casos.

Son diversos los factores que influyen en el caso de Guatemala. Por un lado, está la violencia familiar y, por otro, la violencia de las maras. Además, existe mucha violencia social que está relacionada, en gran medida, con las secuelas de las guerras civiles y las dictaduras verdaderamente crueles que han padecido.

Otro ejemplo importante es Argentina. Son varios los sitios de este país en donde se han suscitado asesinatos brutales de mujeres. Un caso bastante sonado fue el de Rosario, una muchacha muy joven que fue secuestrada y asesinada; tuvo una reacción inmediata de la gente, del pueblo, para demandar justicia. Brasil es otra región -sobre todo en la frontera con Argentina- con este tipo de problemas. En algunas zonas de Chile pasa lo mismo.

Creo que es necesario crear un contacto de redes de investigación, porque se trata de un problema para el cual debemos buscar una forma más sistemática de estudio. Con ello se distinguiría cuál es la diferencia que existe entre los países en los que se padece. Podríamos hablar en general de violencia de género, de crímenes de odio y demás factores, pero todavía carecemos de un mapa de las diferentes razones por las que se dan estos asesinatos.

En el caso de México, hace poco se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVITRA). ¿Cuál es su función? ¿Qué avances se han detectado desde su creación?

-La primera que se creó fue la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEDVIM), que estuvo a cargo de la doctora Alicia Elena Pérez Duarte desde un principio. En enero la convirtieron en FEVITRA, para incluir la trata de personas.

La primera fiscalía se derivó del problema de Ciudad Juárez, y su función consistía en ocuparse específicamente de todos los delitos violentos hacia las mujeres en el país. Contaría con una oficina en el Distrito Federal, otra en Ciudad Juárez y una más en Tapachula. Como fiscalía -que en principio tiene la obligación de investigar, a diferencia de una comisión-, el hecho de estar subordinada a la Procuraduría General de la República limitó sus posibilidades de acción. Durante 2006 estuvo bajo la dirección del ex procurador de Derechos Humanos de la PGR, quien decía que el feminicidio en Ciudad Juárez era un mito, que los asesinatos perpetrados ahí no eran lo que se decía; una vergüenza.

Había entonces limitaciones institucionales o circunstanciales; pero además, la fiscalía no investigó como debía. La FEDVIM resultó muy ineficiente, no tenía claras sus funciones. Sabemos que impartieron diplomados, cursos de sensibilización, lo cual puede ser loable, pero no es la función de una fiscalía. En el caso de Atenco o de Ernestina Asensio, por ejemplo, la FEDVIM no hizo nada. Falló en su encomienda, que era investigar. No tenían que juzgar, pero sí contribuir a que se diera la justicia debida a los casos de violencia hacia las mujeres.

Otra dificultad que se enfrenta es, precisamente, la proliferación de fiscalías, de mujeres, de periodistas, etcétera. La sectorialización de la justicia no la hace más eficaz. El verdadero problema es que la procuraduría y los ministerios públicos no hacen su trabajo. Pienso que cuando el gobierno no quiere resolver el problema, crea una fiscalía o una comisión. La Fiscalía para los Crímenes del Pasado no solucionó nada; la de periodistas ha sido muy cuestionada.

Ahora, el problema que afronta FEVITRA no sólo es que la fiscalía anterior haya mentido sobre la evolución del trabajo realizado, sino que además debe hacer frente a un asunto tan grave como la trata de personas. Éste es un problema muy serio, de redes internacionales de tráfico de personas; no solamente para prostitución forzada sino para trabajo forzado, en el que incluyen a mujeres, niños, niñas, hombres.

Si no pudieron darle a la FEDVIM los instrumentos necesarios para cumplir con su trabajo; si no tenía fuerza, dudo de lo que esta fiscalía consiga. Cambiando a la titular -encima de todo, por una mujer que ha sido cuestionada también en su trabajo como comisionada en Ciudad Juárez, porque sus funciones eran tan amplias que no las podía cumplir, y ahora la ponen a investigar no sólo los casos de mujeres, sino los casos de trata-, dudo que se resuelva el problema. Si no le van a proporcionar fuerza política y los instrumentos necesarios para cumplir con su función, que es investigar, mejor que la cierren y se ahorren los millones que se están invirtiendo en ella. Que la PGR haga el trabajo que debe hacer, sin sectorializarlo.

¿Qué estipula la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? ¿Es funcional?

-Es una ley general, y aunque no he sido muy defensora de ella por esto, no quiero resaltar sólo lo malo. Ante la situación que vivimos en México, es políticamente útil llamar la atención hacia la violencia en contra de las mujeres. Esta ley tiene algunas ventajas o avances. ¿En qué sentido? Abarca todas las formas de violencia hacia las mujeres, desde la intrafamiliar hasta la institucional.

Uno de los defectos que le veo es la definición que hicieron de los tipos de violencia -psicológica, física, económica, patrimonial, etcétera. La primera que aparece es la psicológica, cuya definición es realmente contraproducente porque incluyeron el desamor, y eso no ayudó a que la ley fuera bien recibida. Me parece que ese aspecto se corrigió por lo menos en el reglamento, que saldrá pronto. Éste tiene que aterrizar todas las definiciones; será fundamental para la creación del sistema que lleve a cabo la ley.

Si en el reglamento se emplean términos más prácticos y el proceso de acompañamiento se realiza correctamente, puede ser muy útil. La ley española, por ejemplo, incluyó todos los artículos de la legislación relacionados, para que se reformaran al mismo tiempo que se constituía la ley de violencia. Nosotros no lo estamos haciendo; los estados deben armonizar su legislación. Tenemos legislaciones estatales muy variadas, y es como si se hiciera el trabajo por pedacitos; ése es el gran problema.

Espero que la armonización en el ámbito estatal se haga correctamente, para que los códigos civiles, penales, de derecho familiar, etcétera, eliminen las aberraciones que hay en algunos estados. En el Código Civil del Distrito Federal, por ejemplo, en un mismo artículo hay contradicciones respecto a cuándo se puede dar una orden de protección; no se define que se tenga que llevar a cabo de inmediato. Una deficiencia de la ley general federal es que no especifica en cuánto tiempo se tiene que dar una orden de protección.

La funcionalidad de la ley no depende tanto de las fallas y ventajas, sino de la manera en que se instrumente. En principio, con el reglamento, y después -fundamental para mí-, con la armonización legislativa, la sensibilización y capacitación de los ministerios públicos y los jueces en perspectiva de género.

En este país pasan cosas aberrantes, como el hecho de que una mujer maltratada tenga que seguir viviendo en su casa aunque el marido la golpee porque no tiene protección, porque se tarda mucho el proceso o porque el juez no le cree. Hay casos de niños abusados por el padre, al que se le mantiene el derecho de visita familiar. Son cosas que no pueden ser. Esto ya no depende de la ley sino de los jueces.

La ley tiene un reglamento y luego tiene un sistema de aplicación. Es fundamental que se le dé seguimiento, así como crear un sistema de refugios. Uno de los puntos favorables de la ley del D.F. que salió en enero es que incluye un capítulo sobre la necesidad de un presupuesto para su implementación. Esto es, que la Asamblea debe tener recursos etiquetados específicamente para su ejecución.

Además de los recursos, es necesario que en los refugios se apliquen modelos útiles. En Monterrey hay uno muy avanzado; está el modelo del CIAM en Cancún -donde trabaja Lydia Cacho-, que es reconocido internacionalmente y ofrece apoyo psicológico y demás servicios a mujeres. Es en estos detalles donde veremos si la ley puede ser funcional.

¿Qué medidas podrían instrumentarse para disminuir o erradicar esta problemática?

-Yo empezaría por la educación, que es una medida a largo plazo porque el problema no puede resolverse inmediatamente. A corto plazo lo único es castigar la violencia. Ahora, no debemos pensar que todo debe castigarse penalmente; es importante crear instancias de mediación para asuntos de acoso, de hostigamiento, etcétera.

El penalizarlo todo, es creer que el problema se resolverá mediante esa vía. El sistema penal en México es muy deficiente, tiene muchas fallas, por lo que deben existir otras formas de solucionar las dificultades menos graves. Se pueden establecer castigos a través del derecho civil, de multas o trabajos para la comunidad.

Pienso que la educación es fundamental para lograr cambios. Este factor está muy descuidado. Desde la escuela enseñamos mal. Han cambiado los planes de estudio, pero las actitudes no. Mientras sigamos pensando que la niña tiene que casarse y si no lo hace no se realizará como mujer, persistirá el problema.
La escuela debe dotar a los niños y niñas con las mismas oportunidades, inculcarles a todos que pueden hacer lo que quieran; que si una niña quiere ser astronauta, sepa que puede serlo, o que si un niño desea ser sastre, florista o chef, que lo sea.

Y no sólo los planes educativos deben cambiar; la misma actitud de los profesores debe modificarse, ya que influyen mucho en sus estudiantes. Deben hacerles sentir a los niños y las niñas que son capaces de concretar sus metas; además, deben dotarlos de un sentido de responsabilidad social, porque en la medida en que seamos más responsables de nuestra sociedad, seremos menos tolerantes hacia la violencia.

La educación también incluye los medios de comunicación; muchas de las normas que existen para los medios no se cumplen. Hay programas televisivos verdaderamente aberrantes en donde se degrada a las mujeres; esto no tiene por qué permitirse. No es que esté a favor de la censura, pero sí considero que debe regularse; los mismos medios deben autorregularse. Tienen que cambiarse las representaciones de hombres y mujeres en los medios; y no solamente de las mujeres, sino también de los homosexuales, los indígenas, de todas las minorías.

Nuestra sociedad es muy clasista, racista y sexista; debe cambiar la forma en que se representa a los demás. Tenemos que pugnar por un cambio real; trabajar mucho por dotar a las mujeres de herramientas que les ayuden a defenderse y hacerse valer. Es muy importante enseñarles a las niñas y a las adolescentes que no deben tolerar la violencia, a ser críticas de los mensajes que reciben. Por ejemplo, en algunas canciones o películas, se sitúa al niño como el protector de la niña, y a la niña como la débil. Esto no debe continuar, estamos en el siglo XXI y ya es tiempo de que todos estos estereotipos cambien. Por eso creo mucho en la educación; tengo claro que no es algo que vayamos a cambiar mañana, pero si realmente queremos un cambio real a mediano y largo plazo, es la única manera de lograrlo.

En cuanto a las acciones inmediatas, en los casos de violencia homicida o feminicida como la de Juárez, Chimalhuacán, Morelos e incluso la propia capital, tiene que haber una aplicación de la ley, no puede seguir existiendo tanta impunidad.

En lo personal, me preocupa muchísimo que los jóvenes -desde que tienen uso de razón- escuchen que en México se asesinan mujeres. Porque si lo pensamos, un joven de veinte años oye desde que tiene cinco o seis que atacaron a una mujer, que apareció una asesinada, y es algo común para ellos. Y ahora es peor, porque además de toda esta violencia, está la del narcotráfico.

Lucía Melgar Palacios es doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Chicago. Se desempeña como profesora de literatura y género y crítica cultural, y coordinadora de investigación y proyectos académicos en el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). Ha sido profesora en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) en El Colegio de México (2003-2006), y de literatura hispanoamericana en Princeton University, EU (1996-2003).
Es coeditora (con Marisa Belausteguigoitia) del libro Fronteras, violencia y justicia: nuevos discursos, y del número "Fronteras, intersticios, umbrales", de Debate Feminista. Formó parte del grupo interdisciplinario de investigación Alternativas, que presentó un "Plan alternativo para esclarecer el feminicidio en Cd. Juárez" en 2004. Ha escrito sobre el feminicidio en Ciudad Juárez y ha publicado revistas, libros y artículos sobre la obra de Elena Garro y otros escritores.